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Informes

Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos 2008 – Ecuador

El Ecuador es una república constitucional con una población de unos 13,8 millones de habitantes. En 2006, Rafael Correa ganó la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones que, en términos generales, se consideraron libres y justas. Correa asumió el mando en enero de 2007. El electorado aprobó una nueva constitución por referendo el 28 de septiembre, y la misma entró en vigor el 20 de octubre. En general, las autoridades civiles retuvieron control efectivo de las fuerzas de seguridad.

Si bien, en general, el Estado respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, siguió habiendo problemas en los siguientes campos: actos aislados de homicidio y uso de fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad, a veces con impunidad; condiciones precarias en las cárceles; arresto y detención arbitrarios; corrupción y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad; un alto número de detenciones previas al juicio; y corrupción y denegación de las garantías procesales dentro del sistema judicial. Continuaron los problemas sociales, entre los que cabe citar la violencia contra las mujeres; la discriminación de las mujeres, los pueblos indígenas, los afroecuatorianos y los homosexuales; la trata de personas y la explotación sexual de menores; y el trabajo infantil.

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluida la protección contra:

a. La privación arbitraria o ilícita de la vida

Aunque ni el gobierno ni sus agentes cometieron homicidios por motivos políticos, se siguieron recibiendo denuncias de fuentes fidedignas de que las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva y cometieron algunos homicidios.

En mayo de 2007 el presidente estableció una comisión para investigar violaciones de derechos humanos ocurridos durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-88) y otros períodos. La comisión investigó 307 casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Esas investigaciones seguían al terminar el año.

El 15 de enero, la policía presuntamente les disparó a dos hombres, uno de ellos un colega policía, matándolos sin interrogar a los sospechosos, después de que una ciudadana informó haber sido amenazada. La policía alegó que los dos hombres estaban armados; los oficiales fueron los primeros en disparar, matando a ambos. Al final del año, continuaba la investigación.

El 15 de mayo, la policía de Esmeraldas detuvo a Klever Arce Toro, un recluta militar fuera de servicio, quien fuera encontrado muerto tres días más tarde. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un balazo disparado a quema ropa.

Los policías Reynaldo Enrique Mendoza Roldán y Carlos René Guanotaxi Suntaxi, acusados del asesinato en abril de 2007 de Juan Carlos Vera Faguizón en Manta, pagaron US$800 (el dólar estadounidense es la moneda oficial) de fianza; los cargos en su contra fueron anulados, y ambos reanudaron sus funciones policiales.

El policía Miguel Ángel Chirán fue condenado a 12 años de prisión por matar en 2006 a un taxista cuando estaba fuera de servicio.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) informó que la violencia de turbas contra los sospechados de delincuencia continúa a los mismos niveles del año pasado. Esa violencia ocurrió sobre todo en comunidades indígenas y las barriadas de las grandes ciudades, donde había poca presencia policial.

El 7 de abril, una turba linchó y quemó vivos a dos colombianos que presuntamente habían matado a un residente local durante un intento de robo en San Vicente, provincia de Manabí. El fiscal investigó el caso y solicitó que fuera desestimado por carecer de mérito.

b. Desaparición

No hubo ningún informe sobre desapariciones motivadas por razones políticas.

El secuestro criminal con fines de lucro siguió constituyendo un problema en algunas regiones del país. También se recibieron denuncias de extorsión y de amenazas de secuestro de ganaderos, agricultores y empresarios a lo largo de la frontera con Colombia. Para agosto, la policía había registrado 354 casos de secuestros y 143 de "secuestros express" (durante los cuales una persona es conducida a varios lugares y forzada a retirar fondos personales a través de cajeros automáticos), habiendo detenido a 86 personas por esos delitos. Esto se compara con 357 secuestros y 155 "secuestros express" en todo el año 2007.

c. Tortura y otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante

Si bien las constituciones anterior y nueva, así como las leyes prohíben la tortura y formas similares de intimidación y castigo, se informa que algunos agentes de policía sometieron a sospechosos y presos a tortura y abuso, a menudo con impunidad.

Para fin de año el gobierno no había tomado ninguna medida con respecto a las comprobaciones hechas en 2005 por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura a efectos de que las leyes nacionales sobre tortura no se ciñen a las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en particular porque la definición de tortura en el Código Penal, que penaliza el "tormento corporal" pero no la tortura psicológica, no corresponde a la definición esbozada en dicha Convención. A los torturadores se les solía multar en vez de encarcelar.

Hasta finales de diciembre, la CEDHU registró 67 casos de presunta “tortura" o "agresión física injustificada" por fuerzas de la policía. El 18 de enero, el policía Fernando Santiago Moreno Charro, acompañado por otros policías, entró a la Universidad Salesiana, según se informa con el propósito de abusar físicamente de la estudiante Nadia Cristina Traslavina Bossano, debido a las diferencias personales de la última con la hija de Moreno. La policía agredió a dos estudiantes que intentaron defender a Bossano. Bossano sufrió heridas que le causaron discapacidad física. Al final del año, la investigación seguía en curso.

En Quito, tres hombres alegaron que entre el 25 y el 27 de marzo, la policía los arrestó por intento de robo y después los detuvo por posesión ilegal de armas. Los hombres alegaron que la policía los esposó, golpeó y torturó para forzarles a confesar que habían participado en el robo. Un examen médico confirmó que uno de los detenidos había sufrido golpes en los brazos, las nalgas, y las piernas; no se autorizaron exámenes de los otros dos detenidos. La policía presuntamente llamó a un abogado que, sin consultar a sus clientes, firmó la confesión de los tres, que seguían detenidos. A pedido de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, al jefe de policía presuntamente involucrado en el caso se lo estaba investigando a fin de año.

No hubo novedades en el caso de la golpiza policial sufrida por Víctor Javier Tipán Caiza, de 16 años, en mayo de 2007. En 2007, una investigación policial interna encontró que dos oficiales eran culpables de haber cometido un crimen: no se tomó ninguna medida disciplinaria. Sin embargo, para fin de año seguía en curso una investigación penal.

El 14 de marzo la Asamblea Constituyente aprobó una amnistía para beneficiar a los individuos detenidos por infracciones de toque de queda militar en noviembre de 2007, cuando el Presidente Correa mandó al ejército a restaurar el orden en Dayuma, en la provincia de Orellana. Se liberó a todos los detenidos menos a Guadalupe Llori, la Prefecta. Llori, detenida primero con relación a este caso y luego encarcelada por cargos de malversación de fondos, fue liberada el 23 de septiembre.

Condiciones penitenciarias y de centros de detención

Por lo general, las condiciones en las cárceles y los centros de detención eran precarias y tendían a ser peores en las zonas costeras tropicales que en las zonas altas templadas.

El hacinamiento fue un problema crónico en la mayoría de las instalaciones penales, a pesar de que el Ministerio de Justicia informó haber remodelado siete centros de detención a lo largo del país. La Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) informa que para junio se encontraban detenidos 17.201 prisioneros en instalaciones diseñadas para albergar a menos de la mitad de esa cifra.

En varias cárceles hubo graves brotes de enfermedad, y a menudo la atención médica era inadecuada. La asignación diaria para las raciones de las cárceles era de un dólar por preso; los reclusos solían complementar esas raciones comprando sus propios alimentos.

No hubo información disponible sobre el número de presos que murieron en el transcurso del año. En abril de 2007 los presos Juan Carlos Alava Chávez e Israel Mariscal Vásquez fueron encontrados muertos en el Centro Penitenciario del Litoral de Guayaquil. El informe policial sugiere que los presos murieron de forma sospechosa, pero el juez desestimó el caso por encontrarlo sin méritos.

En mayo de 2007, unos infantes de marina que respondían a un llamado por violencia doméstica arrestaron a Juan Lorenzo Delgado Zambrano y lo trasladaron a la comisaría local de la Policía Nacional. La tarde siguiente, por recomendación de las autoridades, los familiares fueron a un hospital de Porto Viejo, donde se les informó que Delgado se había caído durante una pelea con otro preso. Delgado murió más tarde ese día. A fin de año seguía en curso la investigación de los dos oficiales de policía encargados de la custodia de Delgado.

Las condiciones eran notablemente mejores en la cárcel de mujeres de Quito que en los presidios de hombres. El Vicepresidente Moreno informó que para diciembre no habían adolescentes ni niños mayores de tres años de edad viviendo con sus madres encarceladas; para los menores de tres años, que no pueden ser separados de sus madres, habían guarderías instaladas dentro de los centros de detención. Las personas sujetas a la detención preventiva convivían con los prisioneros convictos. Según la CEDHU, se asignaba a guardas varones la responsabilidad de cuidar a las mujeres presas, y ellas declararon que los guardas las golpeaban y acusaban de tratar de escapar.

Aunque en la mayoría de los casos el gobierno permitía visitas a las cárceles por observadores independientes de instituciones de defensa de los derechos humanos, a veces las autoridades no permitían que esos observadores visitaran a los presos colocados en celdas de aislamiento después de presuntamente haber sido golpeados.

d. Arresto o detención arbitraria

Si bien tanto la Constitución previa como la actual prohíben el arresto o detención arbitrarios, en 2006 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias señaló que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y algunos reglamentos adoptados por las autoridades centrales o provinciales “socavan las garantías y la protección ofrecidas”. El Grupo de Trabajo mencionó dos leyes que son motivo de particular preocupación: la primera impone a los jueces la obligación de ordenar la detención de las personas que esperan ser juzgados, es decir, la “detención preventiva”. En la práctica, esa ley llevó a una situación en que miles de personas eran detenidas por períodos más largos que los permitidos por la Constitución, a veces años más, violando así su derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable. La segunda medida anula la reducción de condenas, lo que llevó a que grandes números de personas tuvieran que cumplir largas condenas por delitos menores. En 2006, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la disposición sobre detención preventiva y afirmó que ninguna persona puede permanecer presa durante más de un año por delitos penales ni más de seis meses por delitos menores, sin que se le dicte sentencia. Para los presos ya encarcelados y todo individuo encarcelado a futuro, este reloj empezó a marcar hora en octubre de 2007. No obstante, ese mismo mes el congreso aprobó una ley interpretativa que declara que los detenidos que intencionalmente demoran el proceso judicial no se encuentran sujetos a la resolución del Tribunal Constitucional.

La ley estipula que las mujeres embarazadas no pueden estar detenidas en penitenciarías; y sin embargo se encontraban encarceladas en vez de estar bajo arresto domiciliario.

Función de la policía y el aparato de seguridad

La Policía Nacional está subordinada a la autoridad del Ministerio de Gobierno. La eficacia de la Policía Nacional se vio vulnerada por la corrupción, deficiencia en los procedimientos de contratación y falta de adiestramiento, supervisión y recursos. La declaración de estado de emergencia hecha por el Presidente Correa para varias áreas en octubre de 2007 proveyó otra vez de mayores recursos a la Policía Nacional, llegando a un monto de más de $300 millones.

Algunos municipios, como Quito y Guayaquil, tienen sus propias fuerzas de policía metropolitana, además de la Policía Nacional. Una oficina de asuntos internos de la policía investiga quejas contra agentes de policía y puede remitir casos a los tribunales de la policía. Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) alegaron que de vez en cuando algunos agentes de la policía metropolitana de Quito y Guayaquil se excedían en el uso de la fuerza. En ciertas ocasiones, la corrupción policial fue problemática.

La Policía Nacional contrató a algunas ONG para proporcionar adiestramiento sobre derechos humanos.

Arrestos y detenciones

La ley exige que las autoridades expidan órdenes de arresto específicas por escrito en las 24 horas siguientes a la detención, y las autoridades deben presentar cargos por un determinado delito penal contra el sospechoso en las 24 horas siguientes a su arresto. Dentro del plazo de las 24 horas siguientes al arresto, las personas detenidas pueden cuestionar la legalidad de su detención por medio de una petición de habeas corpus interpuesta ante el funcionario público elegido de mayor jerarquía, en la localidad donde se realiza la detención, por lo general, el alcalde; sin embargo, en la práctica se interpusieron pocas peticiones de esa naturaleza. Conforme a la nueva constitución, que entró en vigor en octubre, el individuo debe interponer la petición de habeas corpus ante un tribunal y ya no ante el funcionario público.

Antes de adoptar la constitución de 2008, los alcaldes podían liberar a una persona detenida ilegalmente basándose únicamente en temas de procedimiento conforme al mecanismo de habeas corpus. La nueva constitución sólo permite la liberación del prisionero por orden judicial.

Se desconocía la existencia de cualquier investigación de la detención en julio de 2007 de Manuel Xavier Cornejo Delgado, quien alegaba que después de encausar una demanda contra dos agentes policiales, la policía lo mantuvo incomunicado durante quince días y le allanó la casa sin orden judicial ni causa razonable.

Se permite fijar una fianza solamente en el caso de delitos menos graves, castigables con "prisión correccional", y se prohíbe hacerlo en el caso de delitos más graves relacionados con narcóticos y otros delitos graves que exigen encarcelamiento prolongado (delitos que “afectan o ponen en peligro” al público, sancionables con encarcelamiento de tres a 35 años.)

Si bien la ley concede a los detenidos el derecho de acceso inmediato a abogados y familiares, hubo demoras según las circunstancias y la disposición de los agentes de aplicar la ley; los presuntos narcotraficantes a menudo esperaban de 24 a 48 horas a que se realizaran esas visitas. Los presos con suficientes recursos sobornaban a las autoridades carcelarias para que les facilitaran el acceso. La CEDHU informó que un número desconocido de reclusos se encontraban en instalaciones sin lugar para la visita de familiares ni abogados.

Aunque la ley prohíbe la detención en régimen de incomunicación, las organizaciones de defensa de los derechos humanos siguieron denunciando violaciones esporádicas. Las autoridades responsables por decidir sobre la validez de la detención a menudo permitían la elevación de acusaciones frívolas, ya sea porque estaban sobrecargadas de trabajo o porque el acusador las sobornaba. A menudo se usó el sistema como medio de acoso en casos civiles, en que una parte buscaba el arresto de la otra con acusaciones penales.

La detención desde la investigación hasta el juicio y mientras dure este último es legal si un juez determina que es necesaria y si se presentan pruebas de que se ha cometido un delito. La ley limita la detención inmediata a 24 horas por in flagrante delicto o para permitir que comience la detención en la etapa de investigación. En la mayoría de las jurisdicciones, la detención inmediata suele ser mucho más prolongada. Si el informe de la investigación es perjudicial, el juez puede ordenar la detención preventiva, que se limita a seis meses por delitos menores y a 12 meses por delitos mayores.

La ley permite detener a los presos por un período indefinido después de formular acusaciones formales pero antes de su condena o sentencia. La mayoría de los acusados sigue presa durante la fase de investigación. Según los datos públicos, hasta junio estaban pendientes las sentencias de aproximadamente el 61 por ciento de los detenidos.

e. Denegación de juicio público imparcial

Si bien la Constitución estipula que el poder judicial es independiente, en la práctica el poder judicial a veces fue vulnerable a presión externa y corrupción. Los medios de comunicación informaron extensamente sobre la vulnerabilidad del poder judicial a sobornos a cambio de decisiones favorables y de resolución de causas legales y sobre jueces que distribuyeron casos a abogados externos quienes, por su parte, redactaron sentencias judiciales sobre casos presentados a las cortes y las devolvieron al juez presidente para su firma. La CEDHU afirmó además que, a veces, los jueces adoptaban decisiones por influencia de los medios de comunicación o por presiones políticas y económicas.

El poder judicial estaba formado por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de circuito y otros tribunales y juzgados que conocen de causas de conformidad con la Constitución y otras leyes; y el Consejo Nacional de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial y de disciplinar a los jueces. También hay tribunales militares y de la policía que tienen la misma jerarquía que los tribunales de circuito, así como juzgados penales, provinciales y cantonales. La Corte Suprema de Justicia supervisaba la selección abierta y competitiva de todos los jueces de apelación. La constitución de 2008 cambia la estructura y los procedimientos judiciales. Entre otros cambios, la Corte Suprema pasó a llamarse la Corte Nacional de Justicia, a los ciudadanos se les permite presentar causas directamente en la Corte Constitucional, y la mayoría de las causas militares y policiales deben decidirse en las cortes civiles.

En febrero de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que era admisible la apelación hecha en 2005 por 27 magistrados de la Corte Suprema sustituidos por el Congreso en 2004. El caso seguía pendiente al finalizar el año.

Procedimientos judiciales

A pesar del empeño puesto en modernizar el régimen judicial, el poder judicial siguió funcionando con lentitud e incongruencia. Había prolongadas demoras antes de que la mayoría de los casos llegara a un juicio. Según informes, los jueces emitían fallos más rápida o lentamente como resultado de presión política y, en algunos casos, del pago de sobornos. Las deficiencias del sistema de justicia contribuyeron a crear situaciones en que algunas comunidades aplicaron la ley por cuenta propia, como en el caso de violencia colectiva contra presuntos delincuentes.

Este sistema de justicia carece de jurados. Se supone que los acusados son inocentes hasta que se compruebe su culpabilidad y tienen el derecho a un juicio público, a abogados defensores y a apelar. Pueden presentar pruebas, negarse a prestar testimonio autoinculpatorio y confrontar y contrainterrogar a los testigos. La ley confiere estos derechos a todo ciudadano. Aunque existe un sistema de defensoría de pobres, en la práctica había solamente 180 abogados disponibles para defender al gran número de acusados pobres a lo largo del país.

Grupos de la sociedad civil, colegios de abogados, universidades y donantes extranjeros hicieron lo posible para apoyar a grupos vulnerables carentes de acceso a defensa jurídica.

El sistema judicial ordinario juzga a la mayoría de los acusados no militares, aunque algunos grupos indígenas juzgan a sus miembros independientemente por infracciones de las reglas tribales. La ley permite que los tribunales militares o policiales juzguen a acusados militares o policiales en sesiones a puerta cerrada, de conformidad con sus respectivos manuales de tribunales militares. Solamente la Corte Suprema de Justicia puede juzgar casos relacionados con los oficiales de más alto rango. A pesar de una disposición constitucional que asigna a los tribunales civiles jurisdicción sobre oficiales militares y policiales acusados de delitos penales, esos oficiales a menudo fueron juzgados en tribunales militares o policiales. Sin embargo, la constitución de 2008 exige la eliminación de los tribunales militares declarando la unificación jurisdiccional, y manda a los tribunales militares entregar sus casos a la Corte Nacional de Justicia. Una Corte Nacional de Justicia interina, establecida el 17 de diciembre, para fin de año todavía no había conocido de causas de militares ni policías.

Aunque la ley y las constituciones previa y actual reconocen el derecho de las comunidades indígenas a aplicar sus propios sistemas de justicia basados en sus tradiciones y costumbres, no especifican cómo habría de ejercerse este derecho. Este sistema paralelo dio lugar a dudas sobre tanto la jurisdicción como la conformidad con el derecho a un juicio justo.

Detenidos y presos políticos

No hubo ningún informe de presos o detenidos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Los juzgados civiles y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo general considerados independientes e imparciales, tramitan las demandas de indemnización por daños y perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos y demandas de cese de dichas violaciones. Sin embargo, raras veces se presentaron demandas civiles de indemnización por daños y perjuicios por causa de presuntas injusticias del Estado puesto que esas demandas exigían mucho tiempo y eran difíciles de procesar, ya que los jueces tomaban hasta 10 años para fallar con respecto a los méritos de cada caso.

f. Interferencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La Constitución y la ley prohíben esos actos y, por lo general, el Estado respeta esas prohibiciones en la práctica.

Aunque la intervención telefónica por la Policía Nacional para investigar delitos es legal con una orden judicial, no hay orientación específica sobre los procedimientos que deben seguirse para obtener dicha autorización.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluso:

a. Libertad de expresión y de prensa

Las constituciones previa y nueva estipulan la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno, si bien critica a los medios de comunicación, por lo general ha respetado esos derechos en la práctica. Una prensa independiente y un sistema político ampliamente democrático se unieron para promover la libertad de expresión y de prensa. Mientras los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista, el gobierno también estudió meticulosamente esos puntos de vista, interviniendo en dos canales de televisión.

En enero, la entidad gubernamental que regula la radio y televisión, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), emitió una orden exigiendo que dos canales de radio "corrigieran" unos informes que criticaban al Presidente Correa. En agosto la Agencia de Garantía de Depósitos asumió el control de dos estaciones nacionales de televisión, Gamavisión y TC Televisión, preparándolas para su venta, que a su vez tenía como fin la recuperación de deudas causadas por el fracaso bancario de Filanbanco en 1998. Ese banco pertenecía a los presuntos accionistas mayoritarios de las emisoras de televisión, William y Roberto Isaías. Después de la incautación se canceló la transmisión de tres programas en esos canales.

El Presidente Correa usó a menudo su enlace radial semanal, así como otras ocasiones, para criticar a los medios de comunicación y acusarlos de parcialidad, nombrando con frecuencia a reporteros y medios específicos. El 10 de enero, el diario El Comercio citó las siguientes palabras del Presidente Correa: "La prensa es un actor político en este país y hay medios de comunicación que, abiertamente, están en contra del Gobierno." La delegación ecuatoriana ante la 64ª Asamblea General de la Asociación Interamericana de Prensa aseguró que la actitud agresiva del gobierno del Presidente Correa hacia la prensa era una estrategia para convertir a los medios en oposición política.

El 17 de junio los tribunales desestimaron una demanda presentada en mayo de 2007 por el Presidente Correa contra el presidente de la junta directiva del diario La Hora; el Presidente había invocado las "leyes contra las injurias" por un editorial publicado en La Hora.

El 25 de septiembre Freddy Aponte Aponte, periodista de una emisora local de radio en la ciudad de Loja, fue sentenciado a seis meses de prisión por difamación. El ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo Vivanco, entabló juicio contra Aponte por supuestamente haberlo tildado de ladrón durante un programa de radio en junio de 2007. Después de una serie de apelaciones, la Corte Suprema confirmó la condena. Aponte, encarcelado el 29 de octubre, negó las acusaciones y alegó que el juicio estaba plagado de irregularidades. El 25 de noviembre el ex alcalde entabló un segundo juicio contra Aponte, pidiendo un millón de dólares en daños y perjuicios.

Del 17 al 19 de diciembre, el gobierno insertó cortos mensajes críticos de Carlos Vera, anfitrión del programa Contacto Directo, durante la transmisión del mismo en la cadena Ecuavisa. Analistas de los medios declararon que esta maniobra es ilegal porque la Ley de Radiodifusión y Televisión solamente le concede al gobierno el derecho de transmitir spots en dos o más canales simultáneamente, y no en uno solo. Además, esa información debe referirse a actividades gubernamentales.

Varias veces durante el año, la policía interrogó a personas por supuestamente haber insultado al Presidente Correa en manifestaciones o reuniones públicas.

A fines de 2007 el Contralor General emitió un informe citando irregularidades en 370 concesiones de estaciones de radio y televisión entre 2003 y 2005, y en febrero la CONARTEL decidió cancelar 42 de las mismas. El 20 de noviembre, para cumplir con la constitución de 2008, el Presidente Correa creó la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión. La responsabilidad de esta comisión de siete miembros era verificar si cumplen con las disposiciones constitucionales las frecuencias concedidas desde 1985. La constitución de 2008 prohíbe el oligopolio y monopolio de la propiedad de medios de comunicación y  del uso de las frecuencias. También proscribe la participación -en forma de capital, inversión y patrimonio- de grupos financieros, sus representantes legales, accionistas y directores en el control de los "medios sociales de comunicación".

En junio de 2007, Quinto Pazmiño, un ex asesor del gobierno, presentó una demanda de $10 millones contra el Presidente Correa por calumnia. Posteriormente, las autoridades detuvieron a Pazmiño por injuriar al presidente. En septiembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo a efectos de que Pazmiño, por ser candidato a la Asamblea Constituyente, gozaba de privilegios especiales y, después del pago de una multa, quedó en libertad. Un juicio penal en contra del presidente requiere autorización del Congreso, la cual no fue concedida antes de noviembre de 2007, cuando la Asamblea Constituyente declaró en receso al Congreso. En junio la Corte Suprema de Justicia determinó que había vencido la ley de prescripción en la demanda contra el Presidente Correa. Una investigación del juicio entablado por el Presidente Correa contra Pazmiño por parte de la Fiscalía General seguía en curso al finalizar el año.

A veces, las presiones ejercidas por las empresas y los intereses privados, tanto de propietarios de los medios de comunicación como de empresas externas a los grupos de esos medios, influyeron en el contenido de los noticieros.

La constitución de 2008 contiene varias disposiciones acerca de la "comunicación social", el derecho de ciudadanos de recibir información de los medios, el control gubernamental del espectro electromagnético (es decir, las frecuencias de televisión y radio), y el trato que se le dará a la tenencia de los medios.

La constitución define al espectro de frecuencias como recurso no renovable propiedad del estado, y dispone que el estado participará en los beneficios en un monto que no será inferior a los de la empresa que explota ese recurso. La constitución también dispone que el sistema de comunicación social deberá asegurar el ejercicio de los derechos de comunicación, información, y libertad de expresión.

El gobierno de Rafael Correa aplicó una disposición de la Ley de Radiodifusión y Televisión que obliga a todas las estaciones a transmitir gratuitamente programas gubernamentales sobre temas de salud y educación de lunes a sábado, hasta un máximo de una hora por día. También hace obligatoria la transmisión gratuita de mensajes e informes del Presidente y de su gabinete.

La constitución de 2008 preservó la disposición constitucional anterior sobre el derecho de toda persona a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, y sin censura previa. También incluye una disposición que dicta que la ley regulará en contenido informativo, educacional y cultural de la programación de los medios de comunicación.

Libertad en Internet

No hubo restricciones del gobierno al acceso a Internet, ni informes de que el gobierno haya controlado el correo electrónico ni las salas de conversación (“chat”) por Internet. Las personas y los grupos pudieron participar en la expresión pacífica de opiniones por medio de Internet, incluso por correo electrónico. El acceso a Internet en las ciudades de mayor tamaño fue amplio, pero en los sitios remotos fue deficiente. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que hubo 13 usuarios por cada 100 habitantes en 2007.

Libertad académica y de eventos culturales

No existían restricciones gubernamentales sobre la libertad académica ni los eventos culturales.

b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

La constitución dispone la libertad de reunión pacífica, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. Las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza y gases lacrimógenos para calmar algunas manifestaciones violentas, ocasionando así algunas heridas. Las manifestaciones públicas requieren de permisos gubernamentales previos, que en general fueron otorgados, aunque hubo excepciones.

El 30 de mayo, varios empleados de la Superintendencia de Compañías protestaron en Quito, exigiendo la renuncia del Superintendente Francisco Arellano por supuesta corrupción y malos tratos. La policía apartó a los manifestantes con gas lacrimógeno, y dos personas recibieron primeros auxilios por parte de bomberos.

El 16 de agosto hubo altercados entre la policía y estudiantes universitarios durante y después de la transmisión el enlace radial del Presidente Correa en la Universidad Católica de Guayaquil. Los estudiantes alegaron que la policía había empleado fuerza excesiva al utilizar gas lacrimógeno y violencia física, y que eran perseguidos porque apoyaron al "no" en el referendo. Autoridades universitarias entablaron un juicio ante las autoridades de Guayas en defensa de los estudiantes, declarando que por lo menos cinco de ellos fueron lesionados durante los incidentes y argumentando que se había violado la autonomía de la universidad. El 27 de septiembre la policía impuso una pena de nueve días de detención a dos policías que participaron en los altercados. Las investigaciones seguían vigentes a fin de año.

Libertad de asociación

La constitución dispone la libertad de reunión pacífica, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica.

c. Libertad de culto

La constitución dispone la libertad de culto, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica.

El gobierno exige a los grupos religiosos registrarse o sacar un permiso si hacen proselitismo.

Discriminación y abusos sociales

Líderes musulmanes informaron sobre miembros de su comunidad que a veces eran blanco de discriminaciones arbitrarias en los mercados de trabajo y de vivienda. No hubo informes de actos antisemitas ni otros abusos sociales ni de discriminación basada en la filiación, fe o práctica religiosa.

Para un trato más detallado del tema, ver el informe anual 2008 International Religious Freedom Report en www.state.gov/g/drl/irf/rpt.

d. Libertad de circulación, personas internamente desplazadas,

Protección de refugiados y personas apátridas

La ley establece la libertad de circulación dentro del país, así como para los viajes al extranjero y la emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó esos derechos en la práctica. Algunos manifestantes bloquearon caminos, pero con menos frecuencia que en años anteriores.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con otras organizaciones humanitarias, tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para dar asistencia a refugiados y personas que buscaban asilo.

La ley prohíbe el exilio forzado, y el gobierno no lo impuso.

Protección de refugiados

Las leyes estipulan la concesión de asilo o de refugio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en 1951, y su Protocolo de 1967, y el Estado ha establecido un sistema para conferir protección a los refugiados. El gobierno otorgó la condición de refugiado o asilo. En la práctica, el gobierno brindó protección contra la expulsión y la repatriación de refugiados a países donde estarían en riesgo sus vidas o sus libertades. El gobierno también otorgó protección temporal a individuos que quizás no pudieran calificarse como refugiados conforme al Convenio de 1951 y su protocolo de 1967. Incluida en esta protección está la prestación de servicios al flujo continuo de colombianos que cruzaron la frontera norte durante todo el año.
El gobierno informó que al terminar el tercer trimestre del año, había recibido 7.767 solicitudes de refugio. Seguían pendientes varios otros miles de casos del presente año y años anteriores. Los solicitantes rechazados tienen un derecho legal de apelación; después de haber agotado el recurso de apelación, tienen 30 días para salir del país. Si bien el ACNUR y el gobierno declararon que habían tenido dificultad para tramitar el número de solicitantes y de apelaciones, tanto el ACNUR como la OIM apoyaron los esfuerzos desplegados por la oficina nacional de refugiados para simplificar sus procesos de adopción de decisiones y de apelaciones y reducir el número de casos acumulados.

En el país había cerca de 20.000 refugiados reconocidos. El ACNUR calculaba que unas 133.000 personas necesitaban protección internacional, entre los cuales 72.000 estaban registrados con el gobierno como solicitantes de asilo y 61.000 no lo estaban.
El 92 por ciento de los que solicitaron asilo eran colombianos, y los demás provenían de una amplia variedad de países, entre ellos Cuba, Perú, Haití, Irak, Somalia y Sri Lanka. La ley concede el derecho de trabajar a las personas refugiadas, pero no a quienes solicitan asilo. La ley garantiza a los refugiados y a aquellos que solicitan asilo el mismo acceso que tienen los ecuatorianos a los servicios de salud pública, entre ellos el apoyo psicosocial, servicios dentales urgentes, y asistencia básica a la maternidad. El Acuerdo Ministerial No. 337, emitido el 26 de septiembre, eliminó el requisito de prueba documental de condición migratoria para los estudiantes extranjeros que solicitan entrada a las instituciones de educación pública. Conforme a la nueva orden, la presentación de cualquier documento de identidad es suficiente para asegurar el acceso a las instituciones de educación pública.

En diciembre el gobierno estrenó un programa de registro perfeccionado que mejora el proceso de tal forma que a los que necesitan protección internacional se los puede entrevistar, evaluar y documentar en un sólo día. Antes, el proceso de registro como refugiado podía llevar entre uno y dos años para ser completado. Se anticipaba que este programa nacional atendiera a hasta 50.000 refugiados colombianos para registrarlos y proveerlos de documentación en un período de 12 meses.

Sección 3  Respeto a los derechos políticos: El derecho de la ciudadanía a cambiar su gobierno

La ley estipula que los ciudadanos tienen el derecho de cambiar su gobierno de manera pacífica, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica por medio de elecciones periódicas, libres y justas que se llevan a cabo sobre la base de sufragio universal.

Elecciones y participación política

Rafael Correa fue electo en 2006 e investido en enero de 2007. Observadores independientes, entre ellos la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), caracterizaron a las elecciones como generalmente libres y justas.

Para fin de año habían 10 mujeres en el gabinete de 27 miembros, además de dos mujeres secretarias de estado con el rango de ministro. En el gabinete había una persona ecuatoriana de origen asiático, pero ninguna de origen africano ni indígena.

El 28 de septiembre se llevó a cabo un referendo sobre la nueva constitución: el 63,9 por ciento del electorado votó a favor de adoptar a la misma, escrita por la Asamblea Constituyente electa en septiembre de 2007. Observadores de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter llegaron a la conclusión de que las elecciones fueron libres y justas, con irregularidades menores.

La constitución de 2008 le concede el sufragio a miembros de las fuerzas armadas y a la policía, y reduce la edad mínima para votar de 18 a 16 años. Establece la Función de Transparencia y Control Social del estado para promover la participación ciudadana y evitar la corrupción. La constitución dispone que el estado promueva una representación equilibrada de los géneros en el sector público, incluyendo los cargos en que se toman decisiones, y exige que el gobierno adopte políticas de acción afirmativa para promover la participación de los grupos afectados.

Junto con la constitución de 2008, el electorado aprobó un "régimen de transición", que regula la transición al nuevo orden institucional. El régimen de transición exige elecciones para los cargos electos a todos los niveles de gobierno, las cuales fueron programadas para abril y junio de 2009. El 25 de octubre, de acuerdo con el régimen de transición, la Asamblea Constituyente nombró de entre sus miembros a una Comisión interina de Legislación y Fiscalización, integrada por 76 miembros. El Tribunal Constitucional se autoproclamó la Corte Constitucional el 21 de octubre, y adoptó la autoridad concedida por la constitución de 2008. Una Corte Nacional de Justicia, que sustituye a la Corte Suprema, fue establecida el 17 de diciembre.

Corrupción y transparencia en el gobierno

La ley estipula la imposición de castigos penales por corrupción oficial; sin embargo, el gobierno no aplicó eficazmente la ley. Los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial señalaron que la corrupción en el gobierno fue un problema grave.

El 8 de julio, el fiscal Alfredo Alvear solicitó una investigación penal del Defensor del Pueblo Claudio Mueckay, por desviar fondos públicos destinados a ayudar a los familiares de ciudadanos muertos en el extranjero, utilizándolos para nombrar directores en el extranjero. El 23 de julio, a petición de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Constituyente levantó la inmunidad de Mueckay, destituyéndolo permanentemente de su cargo al día siguiente. La investigación del fiscal seguía en curso al finalizar el año.

El 27 de agosto el Contralor General, Carlos Polit, le entregó a la Procuraduría General un informe sobre los contratos de asesores y personal administrativo de la Asamblea Constituyente. El informe indicaba irregularidades en el personal de varios miembros de la asamblea, indicando fraude en las hojas de control de asistencia.

El Ministro de Deporte, Raúl Carrión, dimitió el 3 de diciembre, después de la detención preventiva de tres de sus asesores durante la investigación de su presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros cargos. Una orden la la corte le prohibió al ex ministro Carrión salir del país. La investigación estaba en curso a fines del año.

La Asamblea Constituyente exigió a todos sus miembros hacer entrega de sus declaraciones de impuestos, autorizar el acceso a sus cuentas bancarias nacionales y extranjeras, y presentar una declaración firmada sobre sus haberes a más tardar el 11 de enero. El miembro Álvaro Noboa no entregó la declaración de impuestos y perdió su escaño en la Asamblea.

Sección 4. Postura del gobierno ante la investigación por organizaciones internacionales y no gubernamentales de presuntas violaciones de los derechos humanos

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos operaron en general sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando resultados en casos de derechos humanos. Los funcionarios públicos cooperaron con los grupos, pero a menudo se abstuvieron de obrar conforme a sus puntos de vista.

La Defensoría del Pueblo se concentró en problemas relacionados con los derechos humanos; sin embargo, algunos observadores criticaron su falta de independencia en la práctica. Esa oficina tenía suficientes recursos, pero no se consideró eficaz en cuestiones de derechos humanos.

La Comisión de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales de la Asamblea Constituyente convocó audiencias sobre derechos humanos antes de redactar la constitución. La Asamblea Constituyente concedió 13 amnistías y cinco perdones a individuos y grupos que supuestamente participaron en una gama de delitos.

La Comisión de la Verdad, establecida en 2007 para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos (sobre todo durante el período 1984-88), investigó 307 casos de violaciones a los derechos humanos y seguía en funciones al finalizar el año.

Sección 5. Discriminación, abusos sociales y trata de personas
Las constituciones previa y actual prohíben la discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad, idioma o condición social; sin embargo, las mujeres, las personas con discapacidades, las personas indígenas, los afroecuatorianos, los homosexuales y los transexuales siguieron enfrentando discriminación.

Las mujeres

Aunque la ley prohíbe la violencia contra la mujer, incluso dentro del matrimonio, hubo abusos generalizados.

La ley penaliza la violación, incluida la conyugal, y establece un castigo de hasta 25 años de cárcel. En casos de violación de menores que incluyen relaciones sexuales "apasionadas" con un menor, el violador puede casarse con la víctima, lo que invalida las acusaciones, a menos que el matrimonio se anule posteriormente. El castigo por violación en que ha ocurrido una muerte es de 35 años de cárcel. Hasta agosto se registraron 3.159 casos de violación, entre los cuales hubo 527 acusaciones formales, y 156 enjuiciamientos. Muchas violaciones sexuales no se denunciaron por renuencia de la víctima a confrontar al autor material.

La ley establece multas por violencia doméstica de hasta $28 o siete días de cárcel y confiere a los tribunales de familia la facultad de expulsar a un cónyuge abusivo del hogar si la cohabitación permanente acarrea un riesgo para la víctima del abuso. Los tribunales también tienen facultades para expedir órdenes de restricción que prohíben que el cónyuge abusivo se acerque a la víctima o a su lugar de trabajo o de estudio; prohíben que el cónyuge abusivo persiga o intimide a la víctima o a cualquier miembro de su familia; reincorporan a la víctima al hogar familiar, si comparte un hogar común, y expulsan simultáneamente al cónyuge abusivo del sitio correspondiente; y prescriben cualquier tratamiento que se considere beneficioso para la familia afectada.

La Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, basándose en informes parciales recibidos por el mismo, informó que se habían denunciado 39.979 casos de maltrato sexual, psicológico o físico de mujeres y 6.065 casos en que las víctimas eran hombres. Treinta y una Comisarías de la Mujer y la Familia manejaron asuntos como la violencia doméstica. El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), entidad gubernamental, puede aceptar quejas sobre abuso de las mujeres, pero debe remitir los casos a la Fiscalía para las medidas de rigor. El CONAMU tenía proyectos en todas las provincias, concentrados principalmente en igualdad de oportunidades, programas de política pública referente a las mujeres y líneas de crédito para empresas dirigidas por mujeres. En algunas comisarías, las víctimas recibieron asistencia de trabajadores sociales empleados por los gobiernos municipales u ONG. Varias ONG brindaron asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de la violencia doméstica.

La prostitución es legal para las personas mayores de 18 años, siempre y cuando los burdeles estén registrados con el gobierno y sigan el reglamento sanitario. La trata de personas con fines de prostitución constituyó un problema.

A pesar de la prohibición legal del acoso sexual, varias organizaciones de defensa de los derechos de la mujer declararon que el acoso en el lugar de trabajo es común. El CONAMU está a cargo de formular políticas públicas para promover los derechos humanos de las mujeres y su igualdad en casos de acoso sexual.

A pesar de la protección legal de los derechos de la mujer en la política, el hogar y el lugar de trabajo, se observó una discriminación social generalizada de las mujeres, particularmente con respecto a oportunidades educativas y económicas para las de edad avanzada y las pertenecientes a las clases económicas más bajas. Aunque las mujeres gozan de la misma condición legal que los hombres, en la práctica las mujeres frecuentemente no eran objeto de los mismos derechos. Según el gobierno, las mujeres recibieron aproximadamente el 65 por ciento de la remuneración pagada a los hombres por un trabajo equivalente. Los defensores de las mujeres alegaban que la cultura y la tradición impedían el logro de plena igualdad para ellas. Habían menos mujeres que hombres empleados en ocupaciones profesionales y oficios especializados.

El Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana abrigaba a más de 320 organizaciones femeninas y promovía el cambio social, económico y cultural, incluida una mayor participación política de la mujer. El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) prestó apoyo a cerca de 500 organizaciones femeninas, muchas de las cuales fomentaban la conciencia social y una mayor participación de la mujer en el proceso político. La Coordinadora Política de Mujeres, una ONG que funciona en 22 provincias, también promovió los derechos de la mujer, con hincapié en la participación política y los derechos humanos.

La constitución de 2008 brinda a las mujeres una gama de beneficios económicos, políticos y sociales. Dispone el equilibrio de géneros en las instituciones gubernamentales que toman decisiones, por ejemplo, así como en las listas partidarias de candidatos a la Asamblea Nacional y otras instituciones representativas. Organismos feministas aplaudieron estas disposiciones, pero también señalaron que se tenía que cumplir con muchos requisitos legales y financieros para aplicar las reformas.

Menores

El Estado estaba comprometido con los derechos y el bienestar de los niños y aumentó el financiamiento para la salud y la educación de menores; sin embargo, esas medidas no fueron plenamente eficaces.
La constitución de 2008 aumentó el requisito mínimo de educación obligatoria de 10 a 15 años; sin embargo la escasez de escuelas, el financiamiento deficitario de las mismas y el costo relativamente alto de libros y uniformes llevan a que raramente se haya cumplido con ninguno de los dos requisitos mínimos.

No se observó ningún patrón social de abuso de menores.

La explotación sexual comercial de menores siguió siendo un problema.

Más de 20 ONG promovían el bienestar infantil. El Fondo de la ONU para la Infancia y varios organismos tenían programas activos para ayudar a los niños de la calle.

Trata de personas

Si bien las leyes penales prohíben la trata de personas, se informó que había trata de mujeres y niños dentro del territorio nacional, a través del mismo y con destino al país y al exterior.

Según la encuesta de 2007 del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Policía Nacional Especializada de la Niñez informó sobre 81 casos de trata de personas con varios fines, como para mendigar y para la explotación sexual.

Los tratantes eran pandillas de delincuentes organizados que se especializaban en el traslado de personas, dueños de pequeñas empresas como bares o prostíbulos o agentes de empleo ilícitos. Distintas versiones indicaban que las formas de reclutamiento de los tratantes variabas según el tipo de explotación. En el caso de la explotación sexual, las víctimas eran seducidas románticamente o con promesas de empleo legítimo, y después forzadas a ejercer la prostitución. Entre los reclutadores para el trabajo forzado y la mendicidad habían empresarios dentro y fuera del país. Estos tratantes les ofrecían a los padres oportunidades de educación y empleo para sus hijos menores, forzando después a las víctimas a participar en situaciones de trata, entre ellas la prostitución dentro del territorio nacional y en Colombia, Venezuela y la República Dominicana.

Las víctimas extranjeras eran transportadas de un lado a otro de la frontera en autobuses públicos y en vehículos propiedad de los tratantes. Según informes, varias víctimas de Colombia cruzaron la frontera en camiones. Varios documentos falsificados del registro civil facilitaron la trata al ocultar la nacionalidad de las víctimas y la edad de los jóvenes.

La ley penaliza la trata de personas y estipula períodos de encarcelamiento de seis a 35 años. La ley también estipula castigos de seis a 12 años de cárcel por promover el turismo sexual en general y el infantil. Varias provincias, entre ellas Pichincha, El Oro, Sucumbíos y Azuay, elaboraron redes para conectar a entidades locales y nacionales, ONG y grupos de la sociedad civil para luchar contra la trata de personas. Estas redes elaboraron planes de acción contra la trata, así como campañas de prevención, y en algunos casos trabajaron juntos en la adopción de ordenanzas.

El Ministerio Público informó sobre 98 casos de trata para la explotación sexual entre enero y julio, con nueve condenas, siete por explotación sexual, una por pornografía infantil, y otra por mendicidad forzada.

La constitución de 2008 exige al estado adoptar medidas para evitar y erradicar la trata de personas, asistir a las víctimas, brindarles una reintegración social y protegerlas contra volver a ser víctimas (sobre todo durante el proceso judicial) y contra cualquier tipo de amenaza u otra forma de intimidación.

Conforme a este nuevo marco legal, las víctimas de trata y explotación sexual pueden demandar a sus cónyuges, compañeros o parientes. El gobierno también debe tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de las víctimas extranjeras, aún cuando se encuentren en una situación migratoria irregular.
Un decreto presidencial de 2007 otorga protección a las víctimas, los testigos y otros que participen en el proceso judicial, para animar a las víctimas a ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de trata. El programa provee protección inmediata, atenciones psicológica y médica, y asistencia económica y para conseguir empleo. Debido a la limitación de recursos económicos de este programa, el gobierno llegó a acuerdos con varias fundaciones y organizaciones que ayudan a brindar los servicios necesarios.

En el correr del año, el gobierno nacional, junto con las ONG y gobiernos locales, brindó albergue a 76 víctimas de la trata mientras las ayudaba a reintegrarse a sus comunidades. El 18 de noviembre, el Ministerio de Inclusión Económica y Social abrió el primer albergue gubernamental para las víctimas de la trata en la Provincia de El Oro.
Entre enero y octubre los Ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia coordinaron la repatriación de 21 víctimas de explotación en el trabajo: 19 en la República Dominicana, una en Colombia, y una en Chile. Los Ministerios y el Instituto también ayudaron a dos víctimas colombianas de la trata a volver a sus comunidades de origen.

Este año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos capacitó a 4.000 agentes de policía sobre el tema de la trata de personas.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social amplió su Programa Nacional de Protección Especial, que incluye actividades de prevención de la trata en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cañar, y Guayas. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia lanzó campañas de prevención de la trata en múltiples provincias, sobre todo contra la trata con el propósito de mendigar, con una fuerte concentración en la sierra central.

El informe anual del Departamento de Estado Trafficking in Persons Report se encuentra en www.state.gov/g/tip.

Personas con discapacidades

La constitución prohíbe la discriminación en el empleo, la educación, el acceso a la atención de salud y la prestación de otros servicios públicos contra personas con discapacidades físicas y mentales. El Consejo Nacional de Discapacidades, un organismo interinstitucional, supervisa las políticas gubernamentales referentes a las personas con discapacidades. Aunque la ley decreta el acceso a edificaciones para las personas con discapacidades, el gobierno no la hizo cumplir.
Para el referendo de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no imprimió papeletas en el sistema Braille, pero permitió que las personas invidentes recibieran asistencia de un familiar durante la votación. El TSE proporcionó intérpretes de lenguaje de señas e hizo todo lo posible para asegurar que los puestos de votación fueran totalmente accesibles para las personas con discapacidades.

La ley exige la contratación de personas con discapacidades en todas las empresas públicas y privadas con más de 25 empleados; sin embargo, no se dispuso de información sobre su cumplimiento. La iniciativa "Ecuador sin barreras", encabezada por el Vicepresidente Lenin Moreno, ayudó a crear 2.800 empleos para personas con discapacidades hasta el 17 de diciembre.

La constitución de 2008 les brinda beneficios a las personas con discapacidades, sobre todo en materia de educación, empleo y acceso a la seguridad social.

Minorías raciales y étnicas nacionales

Los ciudadanos afroecuatorianos, cuyo número se estima en 758.000, sufrieron discriminación generalizada, particularmente con respecto a oportunidades educativas y económicas.

El Centro Cultural Afroecuatoriano estimó que un 70 por ciento de los afroecuatorianos viven en situación de pobreza. Las organizaciones afroecuatorianas señalaron que, a pesar de la ausencia de discriminación oficial, la discriminación social, incluida la fijación de estereotipos, siguió afectando a ese grupo. Por ejemplo, siguieron afirmando que la policía detenía a los afroecuatorianos para verificación de documentos con más frecuencia que a otros ciudadanos y que los empleadores a menudo se abstenían de entrevistar a personas cuya solicitud de empleo llevaba fotografías de afroecuatorianos. El gobierno no puso particular empeño en abordar estos problemas.

La constitución de 2008 declara que el estado es plurinacional, afirma el principio de la no discriminación reconociendo el derecho de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias a la restitución por actos de discriminación, y hace obligatorias las políticas de acción afirmativa para asegurar la representación de minorías.

Pueblos indígenas

Los cálculos del número de personas que mantenían su identidad cultural indígena y vivían en comunidades indígenas variaron entre un 7 y un 20 por ciento de la población. La gran mayoría de los ciudadanos indígenas residía en zonas rurales, incluso en la sierra y las provincias de la Amazonía. A pesar de su influencia política y los esfuerzos de grupos comunitarios de base para ayudarlos, las personas indígenas seguían sufriendo los efectos de la discriminación en muchos niveles de la sociedad y, con pocas excepciones, se encontraban en el estrato socioeconómico más bajo.

La tierra cultivable era escasa en las zonas montañosas más densamente pobladas, donde una alta tasa de mortalidad infantil, la malnutrición y las enfermedades epidémicas eran comunes entre la población indígena. A menudo se carecía de electricidad y agua potable. Aunque el sistema de educación rural presentó graves deficiencias, muchos grupos indígenas participaron con el Ministerio de Educación en la creación del programa de educación bilingüe seguido en las escuelas públicas rurales.

La constitución de 2008 fortalece los derechos de los pueblos indígenas; declara que el país es plurinacional, reconociendo al kichwa y al shuar como "idiomas oficiales de relación intercultural", y también reconociendo específicamente a la justicia indígena. La ley actual también reconoce los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria, a administrar la justicia comunitaria tradicional en ciertos casos y a que se les consulte antes de explotar recursos naturales en territorios comunales. Además, los pueblos indígenas tienen los mismos derechos civiles y políticos que otros ciudadanos.

Las constituciones anterior y actual les otorgan a los pueblos indígenas el derecho de participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos no renovables localizados en sus tierras y que podrían afectar su cultura o ambiente. Permiten que los pueblos indígenas participen de los beneficios que puedan conllevar esos proyectos y que reciban compensación por cualquier daño que se pueda dar como resultado de los mismos. La constitución de 2008 manda, en el caso de daño ambiental, acción gubernamental correctiva inmediata y restitución total por parte de la empresa responsable. Sin embargo, algunos organismos indígenas alegaban que no se les consultaba ni había remediación.

Grupos indígenas presionaron al gobierno, consiguieron la ayuda de ONG nacionales y extranjeras y organizaron protestas para tratar de ganar una mayor parte de los ingresos provenientes del petróleo y mayor participación en la toma de decisiones referentes al uso de recursos naturales y al desarrollo. Colonos, narcotraficantes y madereros invadieron ilegalmente los territorios indígenas. La existencia de autoridades locales corruptas, la falta de voluntad política y las divisiones entre varias comunidades indígenas y dentro de ellas minaron los esfuerzos de esas comunidades para poner fin al tráfico de madera ilegalmente talada. Otro problema grave fue el daño ambiental generalizado, debido en parte a la deforestación y a la producción de petróleo.

La Defensoría del Pueblo tenía representantes en comunidades indígenas en todo el país. Los representantes eran responsables de la promoción de derechos humanos e indígenas en las comunidades indígenas, además de brindarles servicios de asesoría específica a las mismas.

Otros tipos de abusos y discriminación social

Aunque la ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, los homosexuales, transexuales y travestis siguieron sufriendo discriminación por parte de varios órganos públicos y privados.
La constitución de 2008 incluye el principio de la no discriminación y establece el derecho de tomar decisiones sobre la orientación sexual.
Según la ONG Kirmirina, la policía sometió a varios homosexuales, transexuales y travestís a trato cruel, inhumano y degradante. Esa ONG acusó a la policía de centrarse específicamente en ellos y de convertirlos en blanco de abuso físico y psicológico, amenazas, extorsión y robo. Por lo común, la policía arrestó a homosexuales y travestis en lugares públicos.

El 29 de abril, un policía empujó y le dio un puñetazo a un miembro de una minoría sexual. Dos policías más entonces forzaron al individuo a entrar en un vehículo policial y le acusaron de ser delincuente, a la vez que le insultaban. Lo pasearon en el vehículo y arrastraron a uno de sus amigos dentro del mismo. Más tarde, la policía los soltó a ambos.
La constitución de 2008 prohíbe específicamente la discriminación en contra de las personas con VIH/SIDA. No hubo violencia social contra las personas con VIH/SIDA, pero las personas afectadas con esas condiciones generalmente preferían no divulgar su condición de salud para evitar la discriminación social.

Sección 6.  Derechos de los trabajadores

a. El derecho de asociación

Si bien la ley concede a casi todos los trabajadores el derecho de formar sindicatos de su elección y de afiliarse a ellos, las medidas de protección jurídica de esos derechos fueron inadecuadas y, a veces, dejaron de disuadir a los empleadores de tomar represalias contra los trabajadores por organizarse. Miembros de la policía, las fuerzas militares y la mayoría de los empleados del sector público (aquellos afectados por la Ley del Servicio Civil) carecían de libertad para formar sindicatos. Aproximadamente el uno por ciento de la fuerza de trabajo estaba organizado.

Si bien los empleados de las organizaciones estatales gozaban de derechos similares a los de los empleados del sector privado, la ley prohíbe a la mayoría de los empleados del sector público la afiliación a sindicatos o el ejercicio de los derechos de negociación colectiva. En su mayoría, los funcionarios públicos mantuvieron su afiliación a una asociación del sector laboral; no se permite que dichas asociaciones hagan huelga ni participen en negociaciones colectivas.

La constitución de 2008, cuyas disposiciones acerca de derechos laborales requieren la adopción de leyes de ejecución, califica de "irrevocables" los derechos de los trabajadores; dispone el derecho de afiliarse a un sindicato y de hacer huelga (excepto en aquellas instancias que podrían causar la "parálisis" de los servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad pública y los servicios públicos); y consagra el apoyo estatal a los sindicatos democráticos.
El código laboral y la constitución de 2008 exigen que los trabajadores de las empresas estatales sean representados por un solo sindicato. La ley no exige la reincorporación de los trabajadores despedidos por causa de su actividad sindical, pero sí exige indemnización y multas. La constitución de 2008 prohíbe la tercerización y el uso de criterios discriminatorios en la contratación.
Hay pocas restricciones del derecho de huelga de los trabajadores del sector privado, a pesar de exigirse un período de 10 días antes de poder declarar una huelga. La ley permite hacer huelgas de solidaridad o boicoteos de tres días si el Ministerio de Trabajo y Empleo los autoriza. En algunas industrias, durante una huelga legal, los trabajadores pueden asumir control de la fábrica o del lugar de trabajo (con lo que termina la producción en ese sitio) y recibir protección de la policía durante la toma de control. Sin embargo, en otras industrias, como la agropecuaria, la ley exige un período de espera de 20 días a partir del día de declaración de la huelga.

Durante ese período, los trabajadores y empleadores deben ponerse de acuerdo con respecto al número de trabajadores necesarios para asegurar un determinado nivel de servicio y por lo menos 20 por ciento del personal debe seguir desempeñando sus funciones con el fin de prestar los servicios esenciales. La ley determina "la facultad del empleador de contratar personal sustituto” solamente cuando los huelguistas se nieguen a enviar el número de trabajadores requeridos para prestar los servicios mínimos necesarios, aunque en la práctica esta ley no se hizo cumplir. La ley protege a los huelguistas y a sus dirigentes contra represalias.

La ley no les confiere a la mayoría de los empleados públicos el derecho de hacer huelga. Contiene una disposición que permite castigar a los empleados públicos con dos a cinco años de cárcel por declararse en huelga. Una ley temporal aprobada por la Asamblea Constituyente al 30 de abril dispone un plazo de 180 días para la revisión de todos los acuerdos de negociación colectiva del sector público, en el sentido de excluir beneficios excesivos para los trabajadores.

b. El derecho a la organización y negociación colectiva\

La ley exige que todos los empleadores privados que tengan 30 o más trabajadores pertenecientes a un sindicato negocien colectivamente cuando el sindicato así lo pida. Los acuerdos de negociación colectiva abarcaban a un 25 por ciento de la fuerza de trabajo organizada. La mayor parte de la población económicamente activa estaba empleada en el sector agropecuario o en el sector informal urbano; esos trabajadores, en su gran mayoría, no estaban organizados. La ley permite que las empresas contraten trabajadores individualmente.

Existe una ley especial que regula la mano de obra en las zonas francas. La mayoría de los trabajadores en zonas francas son contratados de forma temporal, y como tales no parecen estar protegidos por elementos clave del código de trabajo.

c. Prohibición del trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluso el infantil; sin embargo, hubo denuncias de trata de niños con fines de trabajo (véase sección 5, Trata).

d. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe la explotación de los niños en el lugar de trabajo y el trabajo forzado u obligatorio; sin embargo, el gobierno no hizo cumplir eficazmente la ley y el trabajo infantil siguió constituyendo un problema.

El código laboral y el código de la niñez y la adolescencia y la constitución de 2008 fijan en 15 años la edad mínima para desempeñar todo tipo de trabajo y en seis horas diarias y cinco días por semana el número máximo de horas que puede trabajar un menor. La ley enumera 15 trabajos que no son apropiados para los niños y prohíbe que los menores trabajen en condiciones peligrosas, incluso en minas o en empleos que exijan exposición a sustancias tóxicas o peligrosas. La ley exige que los empleadores paguen a los menores por lo menos 80 por ciento de los salarios que reciben los adultos por el mismo tipo de trabajo. Los castigos por infracciones de las leyes de trabajo infantil incluyen multas de $50 a $300 para los padres o tutores, multas de $200 a $1.000 para los empleadores a los que se compruebe que han contratado a adolescentes de 15 a 17 años y multas de $1.000 para cualquier empleador que contrate a niños menores de 15 años. En casos de infracciones repetidas, se puede cerrar el negocio del empleador.

El Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Tribunal de Menores se encargaron de hacer cumplir las leyes de trabajo infantil, y su aplicación siguió mejorando, pero no fue plenamente eficaz. La Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil de 2006, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, reveló que 367.000 niños de cinco a 14 años desempeñaban trabajos no permitidos por la ley, principalmente en el sector informal de las zonas rurales, en comparación con 550.000 en 2001.

Los 28 inspectores de trabajo infantil nombrados por el gobierno examinaron locales de trabajo que específicamente empleaban mano de obra infantil; esos inspectores tenían autoridad para expedir citaciones por infracciones y sancionar a las empresas y a los empleadores a los cuales se comprobara que habían contratado mano de obra infantil ilegalmente. Entre enero y septiembre, los inspectores llevaron a cabo unas 2.397 inspecciones de locales de trabajo y encontraron a unos 1.305 menores trabajando en condiciones prohibidas por las leyes laborales.

La Unidad de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Empleo, integrada por cinco funcionarios, se reúne mensualmente con otras unidades del Ministerio y con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, que incluye organismos gubernamentales, empresas y organizaciones laborales.

Si bien la Unidad de Servicio Social Laboral del Ministerio de Trabajo y Empleo vigiló el trabajo infantil en empresas tales como fábricas, la aplicación de la ley en la mayoría de los sectores de la economía siguió siendo limitada. En las zonas urbanas, muchos niños menores de 15 años trabajaban en empresas de propiedad familiar en el sector informal, como lustrabotas, en recolección y reciclaje de basura o como vendedores ambulantes. Otros niños trabajaban en el comercio, servicios de mensajería, servicios domésticos o como mendigos. Algunos niños muy pequeños, de cinco o seis años, a menudo vendían periódicos o dulces en la calle para su propio sustento o para aumentar el ingreso familiar.

El gobierno apoyó el Programa de Escolarización, Protección y Educación de Niños Trabajadores, que ejecutó un programa de talleres en 40 ciudades para trabajar con las familias y las escuelas sobre el problema del empleo infantil.

e. Condiciones aceptables de trabajo

La constitución de 2008 exige una revisión anual del salario mínimo para homologarlo progresivamente con el costo de las necesidades básicas de las familias. El salario mínimo más unas primas obligatorias daban una compensación mensual total bruta de $233. El salario mínimo básico legal no alcanzada para darle un nivel de vida decente a un trabajador con familia. La mayoría de los trabajadores organizados en industrias estatales y en empresas privadas del sector formal devengaron ingresos mucho mayores que el salario mínimo y también recibieron otras prestaciones sociales importantes por medio de acuerdos de negociación colectiva. Sin embargo, en su mayoría, los trabajadores estaban empleados en los extensos sectores informal y rural, sin obtener el salario mínimo ni las prestaciones sociales establecidas por la ley.

La ley estipula una semana laboral de 40 horas y dos días consecutivos de descanso por semana. Si se exige que la persona trabaje en exceso de la semana laboral establecida, los trabajadores deberán recibir pago por horas extraordinarias. Se fija una tasa de pago mayor por horas extraordinarias de trabajo nocturno. El máximo número de horas extraordinarias fue de 12 por semana que, por lo general, se respetó, excepto en compañías subcontratistas en las que se exigía a veces a los empleados que trabajaran hasta 28 horas extraordinarias por semana, y en el caso de algunos empleados domésticos. El Ministerio de Trabajo y Empleo no desplegó suficientes recursos para hacer cumplir las leyes laborales.

El Instituto Ecuatoriano de Seguro Social tiene bajo su responsabilidad la aplicación de las normas y reglamentos de salud y seguridad. En el sector formal, la salud y la seguridad ocupacionales no representaron un problema importante. Sin embargo, no había ningún reglamento específico con respecto a normas de salud y seguridad en el sector agropecuario y, en la práctica, no se hicieron cumplir las reglas de seguridad en las minas pequeñas que constituyen la gran mayoría de las empresas del sector minero.
La constitución de 2008 estipula que los trabajadores tienen derecho a un entorno de trabajo sano y seguro. El trabajador puede solicitar que un inspector del Ministerio de Trabajo y Empleo verifique un peligro en el lugar de trabajo; acto seguido, ese inspector puede cerrar el lugar de trabajo. El tiempo de respuesta de los inspectores osciló entre tres días en las ciudades principales hasta períodos más prolongados en el campo.

La constitución de 2008 protege a los trabajadores independientes que trabajan en áreas públicas, y prohíbe la incautación de sus productos y herramientas de trabajo: una disposición que tiene como objetivo beneficiar a los trabajadores del sector informal, tales como los vendedores callejeros.